A- de 2024

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Corozal, Sucre.

La causa de la controversia radica en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por una ciudadana, en la que solicita la nulidad del acto que niega reconocer y pagar, a su favor, todas las prestaciones sociales y factores salariales que se reconocen a los empleados públicos de la entidad demandada y que desempeñan funciones similares a las que realizó por su vinculación con la demandada bajo la modalidad de orden de prestación de servicio.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena considera que el caso encuadra en lo dispuesto en Auto 796 de 2021, en el que se determinó que, en los casos de demandas contra las empresas sociales del Estado (ESE), se debe revisar la normatividad especial a efectos de determinar la jurisdicción competente.

En ese orden, el artículo 83 de la Ley 489 de 1998 indicó que las ESE son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación, en forma directa, de los servicios de salud.

El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 estableció que “la prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso”.

El artículo 195 de la misma ley consagró el régimen jurídico de las ESE y en su numeral 5 definió que “las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990”.

Concluye así que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad acorde con lo previsto en la Ley 10 de 1990.

En consecuencia, la Corte resuelve remitir el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Corozal, Sucre, y a los interesados dentro del trámite judicial correspondiente.